Polémica en San Luis: productores denuncian ataques a los campos y “delivery de carne robada”

Desde hace tres meses, los ganaderos de la provincia de San Luis, entre otras zonas del centro este, comenzaron a registrar, según dijeron, un aumento en la cantidad de abigeatos, faena clandestina y venta ilegal de carne a la vista de todos, que hasta hace un tiempo eran ocasionales. Desesperados, empezaron a contactarse con las autoridades para buscar una solución a la crisis de seguridad rural.

Alertaron que el campo se convirtió en una “zona liberada”, con mínima presencia policial. Apuntaron a la inacción de municipios, la provincia y la Justicia.

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Luis Emilio Orquín, delegado de la Sociedad Rural de la Quinta Región y miembro de la Asociación Agrícola Ganadera de Justo Daract, sostuvo que “no solamente se roba hacienda en pie, sino que se faena en el campo o se cortan partes, por ejemplo, las extremidades y se llevan eso nada más. En otros casos dejan solo la cabeza”.

Según Orquín, la logística de los delincuentes varía desde camionetas hasta bicicletas y aprovechan las horas de descanso de los productores para actuar con total impunidad. “Cortan los alambres y se meten a los campos. Eso te habla de la desidia de los gobiernos municipales, provinciales, de la Justicia que mira para otro lado y la policía, con más razón”, sentenció.

La comercialización de lo robado es, según Orquín, uno de los puntos más polémicos del problema, ya que tienen un sistema de “delivery de carne robada” que se promociona en las redes sociales y a precios bajos, sin controles sanitarios. “Es uno de los temas más sencillos de controlar a través de bromatología de las municipalidades, pero se ha hecho tan habitual y tan buen negocio que sigue creciendo", explicó. Para el productor, esta situación compromete seriamente la seguridad de los trabajadores rurales y sus bienes, en un contexto donde los funcionarios han hecho “la vista gorda”.

El productor propone medidas básicas como cámaras y puestos móviles en las entradas y salidas de los pueblos, ya que patrullar toda la provincia es imposible, pero controlar la venta en carnicerías y casas particulares sí es viable.

Daniel Casella, presidente de la Sociedad Rural de Río V, coincidió que la inseguridad rural ha escalado estrepitosamente en los últimos tres meses. En este contexto, el dirigente se quejó de que la burocracia del sistema desalienta a los productores a denunciar: “Es un trámite muy engorroso; tienen a los productores esperando mucho tiempo en las comisarías, y las denuncias electrónicas muchas veces terminan en vía muerta, sin movimiento real en los juzgados”.

La propuesta de las entidades es concreta: la creación de una fiscalía agropecuaria específica que entienda la dinámica del delito rural y agilice los procesos. Casella señaló que, aunque existe la patrulla rural, las extensiones de terreno son inabarcables para los escasos recursos actuales.

No obstante, contó que la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, se comprometió a incorporar 20 nuevos móviles en marzo próximo. Estos refuerzos serían vitales para patrullar los caminos y controlar no solo el robo de hacienda, sino también el tránsito de fitosanitarios y la faena clandestina en zonas calientes.

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Un relevamiento a ojo que hicieron contabilizó más de 30 productores afectados directamente por las faenas. Solo el fin de semana faenaron cuatro animales en una propiedad al sur de la provincia, y tres yeguas en otra al mismo tiempo. La situación en los límites provinciales, como con Córdoba, es igual de crítica.

Casella contó que esperan una respuesta de parte del gobernador Claudio Poggi a quien le pidieron una audiencia para tratar este problema. Insistió en que la única salida es el trabajo mancomunado: “Es vital coordinar una mesa entre el Ministerio de Seguridad, Producción, la Justicia y las rurales para aceitar los mecanismos”. Mientras aguardan esa definición, la ministra derivó la gestión operativa a comisarios e inspectores locales.

Ariel Ayello, un productor agrícola, contó que en su caso le han robado agroquímicos y parte de la infraestructura del campo: “Alquilé todo, ya no tengo hacienda, pero igual me han robado cereal, pantallas de boyero y agroquímicos”. Para Ayello, “no hay una política de Estado provincial para prevenir. No hay infraestructura, ni móviles, ni comunicación, ni personal idóneo. En resumidas cuentas, al Ejecutivo provincial no le preocupa el tema”.

Ignacio Roca (55), vicepresidente de la Sociedad Rural de Río V en Villa Mercedes, vivió el drama en carne propia en su campo sobre la exruta 7. “Me robaron cuatro animales en menos de tres meses. Es un problema totalmente descontrolado”, denunció. Roca detalló que en su último episodio le faenaron dos vacas, lo que representó una pérdida de 2,8 millones de pesos, acumulando $5 millones en lo que va del año. “En los últimos tres meses faenaron más de 20 animales cerca de Villa Mercedes, incluyendo caballos, novillos y vacas”, agregó.

A pesar de las reuniones de alto nivel, las soluciones no llegan. “Dicen que detienen a los delincuentes, pero los largan al día siguiente. Hemos tenido casos a lo largo y ancho de la provincia, incluso en Justo Daract y el problema es generalizado”, aseguró. Roca, tercera generación de productores, dijo que, si bien siempre existió el abigeato, la situación actual es desoladora. “Cuando ves el campo con el alambre roto y los animales faenados te da una sensación de desazón. Uno invierte, trata de producir y te encontrás con estas cosas que te desalientan”, analizó.

Desde el gobierno provincial relativizaron el problema y aseguraron que no se registra un aumento real de denuncias. Según indicaron a LA NACION, las estadísticas oficiales muestran que las denuncias se mantienen en niveles similares a los de los últimos diez años. En ese marco, señalaron que la ministra de Seguridad recibió personalmente a representantes de la Sociedad Rural de Río Quinto y que también mantuvo contactos con autoridades de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), en la zona de Córdoba.

Si bien remarcaron que respetan las declaraciones de los dirigentes rurales, insistieron en que, desde el punto de vista estadístico, no se observa un crecimiento en las denuncias ni en los hechos delictivos.