Maduro, contra las cuerdas

El conflicto abierto entre Estados Unidos y Venezuela recrudece día tras día. El bloqueo total de buques petroleros sancionados por Washington que entran y salen del territorio venezolano, los ataques contra las supuestas narcolanchas, que suman ya más de un centenar de muertos sin que aún se compruebe la legalidad de esas acciones, y la idea de una intervención armada que el presidente norteamericano amplifica cada vez que pretende elevar su amenazante retórica contra Caracas, son sus principales ingredientes.

La presión estadounidense le ha servido al dictador Nicolás Maduro como excusa para desplegar al Ejército, tildar de traidores a sus críticos y arrestar a decenas de disidentes. La Asamblea Nacional aprobó recientemente una ley que impone hasta 20 años de prisión a cualquiera que “promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, apoye, financie o participe” en la campaña estadounidense para confiscar barcos que transportan petróleo venezolano.

La represión se ha intensificado, sofocando las libertades de las personas, declaró Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El observatorio penitenciario independiente Foro Penal declaró que el gobierno tenía detenidos a 905 presos políticos. Es harto sabido que Maduro es un dictador y que su régimen comete crímenes de lesa humanidad, persigue a la oposición, encarcela personas sin respetar el debido proceso ni el derecho a la defensa, como ha ocurrido con el gendarme argentino Nahuel Gallo, y promueve conflictos armados internos en su territorio mediante el empoderamiento de grupos paramilitares y de guerrilla colombianos.

Un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos creada por la Organización de las Naciones Unidas señaló a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela por cometer crímenes de lesa humanidad durante más de una década.

La Misión documentó detenciones arbitrarias, violencias sexuales y sexistas, así como actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y concluyó que esos actos de tortura no son incidentes aislados, sino que se inscriben en un esquema de abusos que buscan castigar y romper a las víctimas. El contexto en el que se produjeron estos crímenes está marcado por un entorno prolongado de impunidad.

La actualización del informe ante el Consejo de Derechos Humanos expuso las prácticas más recientes de la dictadura chavista. En el último año, el gobierno ha encarcelado no solo a líderes políticos y activistas, sino también a ciudadanos comunes. El régimen chavista y la Fiscalía General, que responde a los intereses del chavismo, niegan la existencia de detenidos por motivos políticos y argumentan falsamente que las personas privadas de libertad han cometido delitos tipificados en la legislación.

Maduro utiliza el cerco impuesto por Donald Trump como excusa para desplegar al Ejército, etiquetar a los críticos como traidores y ordenar más arrestos. El bloqueo petrolero, las nuevas amenazas por parte de la administración Trump y la soledad en la que lo han dejado sus aliados, elevan la tensión con Caracas y ofrecen la imagen de un dictador al que le quedaría poco tiempo y escaso margen de maniobra.