La legislación SB 2420, también conocida como “Ley de Responsabilidad de las Tiendas de Aplicaciones”, se encuentra en una instancia clave de revisión judicial. Aunque su implementación está prevista para el 1° de enero de 2026, su aplicación podría quedar suspendida si prospera una medida cautelar solicitada ante un tribunal federal de Texas.
La norma fue aprobada durante la 89.ª sesión legislativa estatal y firmada por el gobernador Greg Abbott en mayo de 2025. Su objetivo declarado es establecer mayores controles sobre el acceso de menores de edad a aplicaciones móviles, con la implementación de obligaciones directas a las plataformas que distribuyen software para teléfonos inteligentes y tabletas.
Sin embargo, a pocos meses de su entrada en vigor, el texto legal es objeto de dos demandas federales que buscan impedir su aplicación.
Quienes reclaman sostienen que la ley excede las competencias del estado y genera riesgos legales significativos tanto para las empresas tecnológicas como para los usuarios.
La ley SB 2420 regula a las tiendas digitales que permiten la descarga y compra de aplicaciones en dispositivos móviles. Entre sus disposiciones centrales, exige que estas plataformas verifiquen la edad de cada usuario antes de autorizar cualquier descarga o transacción.
La normativa obliga a clasificar a los usuarios en cuatro categorías etarias:
En los casos en que el usuario sea menor de 18 años, la cuenta deberá estar vinculada a una cuenta parental, administrada por un adulto con autoridad legal.
Además, el consentimiento del padre o tutor se convierte en un requisito indispensable para que un menor pueda descargar aplicaciones o realizar compras dentro de ellas.
La norma también establece que las plataformas deben conservar registros que demuestren el cumplimiento de estas obligaciones.
Desde el gobierno estatal, la legislación fue presentada como una medida orientada a la protección infantil y al fortalecimiento del control parental sobre las actividades digitales de los menores en Texas.
La aplicación de la ley comenzó a ser cuestionada poco después de su promulgación. Dos acciones judiciales fueron presentadas contra el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en su calidad de funcionario encargado de hacer cumplir la normativa.
Una de las demandas fue iniciada por la Computer & Communications Industry Association (CCIA), una organización que representa a empresas del sector tecnológico.
La segunda fue presentada por el grupo Students Engaged in Advancing Texas (SEAT), junto con dos adolescentes texanos y sus representantes legales.
Ambas peticiones fueron presentadas ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Texas y fueron asignadas al juez federal Robert Pitman.
Los demandantes solicitaron formalmente una orden judicial preliminar que suspenda la entrada en vigor del SB 2420 mientras se resuelve el fondo del litigio. En los textos legales, se argumentaron varios puntos contraproducentes de la normativa como:
El juez Robert Pitman celebró una audiencia el 16 de diciembre de 2025 para analizar la medida cautelar presentada. Durante esa instancia, escuchó los argumentos de ambas partes y formuló preguntas sobre el alcance real de la ley.
Al finalizar la audiencia, el magistrado dejó la moción “bajo consideración”, lo que significa que no emitió una decisión inmediata. Se anticipó que el tribunal publicará una orden escrita en una fecha posterior.
La resolución que adopte el juez será determinante. Si concede la medida cautelar, la ley quedará suspendida y no podrá aplicarse en enero de 2026, al menos hasta que se resuelva el juicio de fondo.

